El anteproyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI) que fue aprobada por el Consejo de Ministros para enfilar su tramitación parlamentaria, ha llegado finalmente al Congreso de los diputados el 11 de abril de 2002. La nueva normativa que regulará Internet en España llega con el ruido de fondo de los grupos más radicales de la Red, que cuestionan la necesidad de una ley específica para el ciberespacio, que, además, consideran anticonstitucional.

MADRID. I. Blasco

La noticia que, bajo el inquietante título «La Inquisición retorna a España», publicó la pasada primavera la prestigiosa revista digital «Wired .com», encendió la mecha de la controversia generada estos meses en torno a la futura Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI). Ciertos aspectos del borrador del anteproyecto, referidos sobre todo al papel sancionador de la Administración, al establecimiento de un registro de direcciones, a la elevada cuantía de las multas previstas ?hasta 600.000 euros? y, en especial, a la supuesta idea de que la futura Ley afectaría la actividad de los prestadores de servicios no lucrativos ?por ejemplo los boletines de información gratuita? levantaron ampollas en el «sector duro» de la comunidad internauta, ése que, liderado por la publicación de seguridad «Kriptópolis», rechaza de plano no sólo esta normativa en ciernes, sino cualquier otro tipo de regulación específica para el ciberespacio.

Directiva europea

La LSSI trae causa de la directiva comunitaria sobre comercio electrónico de junio de 2000, que debía haberse transpuesto al ordenamiento jurídico español antes del pasado 17 de enero. «Por tanto, no es un capricho de este Gobierno, sino la concreción en la legislación española del esfuerzo realizado por los Quince para lograr el marco jurídico que garantice la seguridad de los consumidores en las transacciones electrónicas», comenta Borja Adsuara, director general para la Sociedad de la Información del MCYT y uno de los principales impulsores de la futura Ley de Internet. Porque tanto para el Gobierno como para la UE, la prioridad de la normativa es el comercio digital y, en concreto, el establecimiento de un marco de confianza que contribuya a su desarrollo en Europa. «Internet no es patrimonio de nadie y esta Ley va dirigida a una inmensa mayoría de usuarios que reclama poder realizar cualquier actividad en la Red con garantías plenas», apunta Adsuara. La pena, según fuentes ministeriales, «es que no guste a un sector que, no puede olvidarse, es minoritario, por el simple hecho de que la LSSI trate de regular aspectos que, como la protección de los derechos fundamentales, están fuera de toda discusión en el mundo físico. ¿Por qué Internet va a ser distinto de la calle?».

Otro tipo de oposición, en este caso la política, ha mostrado una amplia gama en cuanto a la intensidad de las críticas vertidas sobre el anteproyecto. Desde las que consideran más adecuado adecuar a la realidad de Internet aquellas leyes que ya existen en lugar de crear una norma específica (PSOE) hasta las que no tienen empacho en proclamar que la LSSI abre la puerta a la instauración de la censura previa en el ciberespacio (formaciones nacionalistas, como Eusko Alkartasuna).

A pesar del encono suscitado por algunos puntos del anteproyecto, lo cierto es que la LSSI llega al Congreso después de haber incorporado las aportaciones de nada menos que sesenta y seis entidades (asociaciones, empresas, colegios, profesionales y colectivos), sin contar las observaciones realizadas por todos los ministerios (excepto Ciencia y Tecnología, Economía, Sanidad y Consumo y Justicia, coproponentes de la Ley), así como los preceptivos dictámenes del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial General del Poder Judicial (CGPJ). Este último órgano ha respaldado sin fisuras la formulación del texto en materia de libertad de expresión, lo que da luz verde al comienzo del verdadero debate: el parlamentario.